Para las empresas españolas que operan o planean invertir en la República Dominicana (RD), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) va más allá de la filantropía; se está convirtiendo en un componente esencial de la estrategia de cumplimiento y sostenibilidad. Aunque RD no posee una única ley específica que defina y regule la RSC de forma integral, el marco legal y regulatorio obliga a las empresas a asumir responsabilidades sociales, ambientales y de buen gobierno.
1. Marco Legal Directo e Indirecto de la RSC en RD
La RSC en RD se construye sobre varias capas normativas que imponen obligaciones y crean incentivos para las buenas prácticas:
- Leyes Laborales (Códigos de Trabajo): El Código de Trabajo (Ley 16-92) es el pilar de la responsabilidad social interna. Impone la obligación de garantizar condiciones de trabajo seguras, justas y equitativas, incluyendo el pago de la Regalía Pascual (salario 13), el respeto a la libertad sindical y la indemnización por Cesantía. El cumplimiento laboral riguroso es la primera capa de RSC.
- Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00): Esta ley establece el marco para la responsabilidad ambiental de las empresas. Requiere la obtención de Permisos Ambientales para proyectos que puedan tener impacto significativo, la realización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), y el estricto control de la contaminación. El incumplimiento conlleva sanciones administrativas y penales.
- Ley de Inclusión y Discapacidad (Ley 5-13): Esta ley promueve la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral, estableciendo indirectamente una responsabilidad social de inclusión.
2. Normativas de Buen Gobierno y Transparencia
Las leyes que promueven el buen gobierno corporativo y la transparencia son esenciales para la ‘G’ (Gobernanza) de la RSC:
- Ley de Sociedades (Ley 479-08): Aunque se enfoca en la estructura societaria, establece reglas de transparencia financiera y rendición de cuentas a los accionistas, que son fundamentales para la confianza pública.
- Ley contra el Lavado de Activos (Ley 155-17): Impone obligaciones de diligencia debida y conocimiento de las transacciones (KYC/AML) para prevenir el uso de la estructura corporativa para fines ilícitos, asegurando una operación ética.
- Normas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV): Para las empresas que cotizan o emiten valores, estas normas exigen un alto estándar de transparencia y disclosure, incluyendo información sobre riesgos no financieros.
3. Incentivos y Reconocimiento a la RSC
Aunque la legislación dominicana no obliga a realizar acciones per se de filantropía, existen mecanismos que las promueven:
- Deducciones Fiscales: Las donaciones a instituciones sin fines de lucro debidamente registradas y certificadas pueden ser deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR) de la empresa, incentivando la inversión social.
- Alianzas Público-Privadas (Ley 47-20): Las empresas pueden participar en proyectos de infraestructura y servicios sociales, integrando sus objetivos de RSC con el desarrollo nacional.
El Enfoque de CGR Lawyer España
La gestión de la RSC no es un departamento aislado; es un proceso de cumplimiento legal continuo. Para tu empresa española, esto significa asegurar que la filial dominicana no solo cumpla con sus obligaciones de ISR y RNC, sino que también gestione activamente sus riesgos ambientales, laborales y de transparencia.
En CGR Lawyer España, ayudamos a estructurar los programas de cumplimiento corporativo (Compliance) y RSC, asegurando que tu inversión en RD esté blindada contra riesgos legales, mientras se maximiza su impacto social positivo.
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